¿Existe responsabilidad del Estado de Honduras en caso que las suspensiones de los contratos de trabajo sean declaradas ilegales por haberse efectuado bajo las recomendaciones y comunicados oficiales de la Secretaría del Trabajo?

Responsabilidad del Estado en los procesos de suspensión de los Contratos de Trabajo. Análisis a priori. 

Bajo la máxima civil de la reparación del daño, cuando quien por acción o por omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a indemnizar o reparar el daño causado, surge ahora in extremis la necesidad de analizar los efectos dañosos de los “actos administrativos de carácter general escritos y no escritos” que ha emitido el Estado de Honduras a través de sus funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que han alentado a la empresa privada para suspender sus contratos de trabajo a través de procedimientos y requisitos distintos a aquellos establecidos por la Constitución de la República y las Leyes del Trabajo, y la responsabilidad del Estado de Honduras por conducto de dicha secretaría ante tales actos.

Ya se leen numeras y agresivas oposiciones a las suspensiones de los contratos de trabajo con motivo de la emergencia nacional donde se cuestiona el procedimiento y la duración de las suspensiones que han excedido los 120 días y por otro lado el silencio del Estado de Honduras luego de sus “comunicados oficiales” que sin decretos de reforma a las disposiciones del Código del Trabajo “sugieren” procedimientos y ampliaciones indefinidas de los plazos de las suspensiones, causando incertidumbre y errores que podrían ser insubsanables según sea la valoración que la misma Secretaría del Trabajo le de a sus propios comunicados y los recursos o acciones judiciales que le seguirán a dichas resoluciones administrativas que reconozcan la validez de las suspensiones o la ilegalidad de las mismas. 

¿Será un decreto del Congreso Nacional, emitido igualmente in extremis, la panacea ante los efectos dañinos causados o que pueden causar, de buena o mala fe, estos actos administrativos?; o ¿Será la Corte Suprema de Justicia como intérprete última de la Constitución de la República y de las leyes la llamada a dar el golpe de gracia a cualquiera de los criterios legales que tanto empresa privada como sector obrero defienden a su legítima conveniencia? No lo sabemos aún, pero lo cierto es que queda un largo y tortuoso camino legal por recorrer para tener un criterio absoluto ante los conflictos generados en materia de trabajo y las posibles responsabilidades del Estado de Honduras en los casos ya planteados.   

2 junio de 2021

Rafael Gómez Mateo

Grupo Legalsa de Honduras 

https://grupolegalsa.com/ 

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